Voces Recobradas. Revista de Historia Oral/44 (12/2024)
ISSN 1515 - 1573 | RNPI 5229484
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contradictoriamente, no había intervenido para que eso deje de suceder. Por lo tanto, las y los vecinos tuvieron
que recurrir a la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que, destaca Gustavo, los ayudó muchísimo ya
que tiene como función principal hacer que las instituciones den respuesta a los ciudadanos en tiempo y forma.
Es desde esta institución que el defensor del pueblo de la nación, el Dr. Maiorano, y el reconocido jurista Luis
Moreno Ocampo, explica el vecino, avalaron la propuesta de la Comisión Vecinal para solucionar el conflicto.
Y desarrolla que la solución de los planes de vivienda tenía que llegar a través de una ley de expropiación. (...)
El camino es jurídico y la solución es político-jurídica. La ley de expropiación es una decisión política.
De esta manera, la IGJ intervino, gracias a las denuncias de los vecinos, explica Marcelo en consonancia con
Gustavo, que expone que tuvieron que recurrir a eso porque ninguno de los organismos daba una respuesta ni
solución. Ni en el municipio, ni en la gobernación. A su vez, menciona que hasta llegaron a reunirse en su
momento con la esposa de Ruckauf, el gobernador, pero nadie daba respuestas. Desde la defensoría fue que el
Dr. Mondino, mencionado de forma agradecida en los testimonios, logró que la IGJ intervenga las
administraciones impidiendo por completo las actividades de estas sociedades, porque captaban ahorro público
(…) sin ningún tipo de control ni autorización de la IGJ, explica Marcelo. Fue así que, gracias a la intervención
y cese de actividades de la administración de Convocatoria Docente y Autónomos en el 2000, pudieron acceder
a la información que las administraciones, ilegalmente, les negaban. Fue así que, cuenta Eduardo Q., se
encontraron con que era un desastre, toda la contabilidad estaba mal. Marcelo Martínez, en la misma línea,
agrega que hubo una mala administración y que luego se comprobó que hubo malversación de fondos.
Una vez iniciado el largo y tedioso camino de las denuncias, comprobaron que había relaciones entre diversos
sindicalistas, políticos y personas relacionadas al mundo del fútbol como el administrador de Autónomos, Raúl
Fernández que era el ex presidente del Club Nueva Chicago. Este último llegó a expresar en una nota televisiva
realizada por el programa Telenoche Investiga, comenta Gustavo Padín, que estos planes de vivienda fueron
diseñados en un cumpleaños del compañero Saul Ubaldini, quien fue un importante dirigente sindical de la
CGT, con el afán de ayudar a los trabajadores a que lleguen a su vivienda digna. Sin embargo, agrega, lo que
nunca explicó ninguna de las administraciones es el por qué se construyeron el 25% de lo que deberían haber
construido, estafando al 75% de los adherentes. Además, afirma que está claro que hubo una connivencia de
parte del Estado municipal y, te diría que, indudablemente del Estado provincial, de los funcionarios de aquel
momento. Por ejemplo, la investigación de ese mismo programa comprobó que Guillermo Ragazzi, quien estaba
a cargo de la fiscalización de las sociedades a través de la IGJ, se convirtió hacia 1999 en abogado defensor de
los administradores. Lo que demuestra no solo un gran nivel de connivencia y relación de altos funcionarios
con las administraciones, sino también un grave conflicto de intereses. Por otro lado, es importante destacar un
aspecto mencionado por Eduardo Quartino: no consideran que la connivencia haya sido partidaria, sino del arco
político de los funcionarios en general. Esta conclusión derivó de dos cuestiones principales.
La primera radica en que tanto la nación, la gobernación y la intendencia estuvieron en manos de diferentes
partidos. La segunda cuestión, como explica Eduardo Q., está relacionada a que la Comisión Vecinal hizo un
recorrido de organismos y funcionarios por demás extenso. En ambos casos, ningún funcionario ni organismo,
oficialista u opositor, les brindaba respuestas sino todo lo contrario: evadían la problemática. Es entonces luego
de que la Comisión Vecinal logró tomar una entidad importante, con mayor visibilidad, que pudieron hacer que
esporádicamente, gracias a los reclamos, el Estado interviniera. Si los planes hubieran cumplido con el
compromiso, explica Gustavo, este es un predio de 14 hectáreas, en este barrio debiera haber casi 300 edificios
y hay solo 80. Y continúa, sensibilizado, explicando que estamos hablando de 220 edificios por 12 familias
cada uno, es toda la gente que quedó estafada. (…) Y esto ocurrió en El Jagüel, en Ezeiza, en Almirante Brown,
en La Plata, en Burzaco… El paso del tiempo y la información, cuenta, fue lo que los llevó siempre al mismo
punto en común: fueron los poderes políticos municipales los que permitieron utilizar estos planes. Por un lado,
para mostrar que en sus distritos había construcción y barrios populares pero, por otro lado, no cumplieron el
rol de control que tendrían que haber hecho. En la misma línea, María expresa que se terminaron algunos
[edificios] y el resto quedaron las estructuras. Esas son casas de gente que pagó tantas cuotas como nosotros,
eso es terrible. (…) Una estafa terrible. Eduardo B. interviene en el mismo sentido al comentar que era todo un
modus operandi (…) acá se vio a las claras que era una estafa, que había malversación de fondos, que estaba
premeditado. Ahora bien, en relación a donde estaba el dinero de las cuotas de todos los y las propietarias
legítimas de las viviendas, María en coincidencia con todos los testimonios, explica que lo que pagaron no se
traducía en obras, (…) lo que veíamos es que la plata iba a los bolsillos de los administradores y no al barrio
que no avanzaba.