Voces Recobradas. Revista de Historia Oral/44 (12/2024)
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El conflicto habitacional del Barrio “Coca-
Cola” de El Jagüel, entre 1999 y 2023:
La connivencia estatal
Rocío M. Padín
Profesora de Educación Superior en Historia
I.S.P “Dr. Joaquín V. González”
Email: padinrociom@gmail.com
Palabras claves: Barrio “Coca-Cola” - Vivienda - Estado - Resistencia Social.
Resumen: El conflicto habitacional del Barrio “Coca-Cola” de El Jagüel, entre 1999 y 2023: La connivencia
estatal.
Todos los movimientos sociales empiezan con una incomodidad compartida, con un problema que no nos deja
dormir, y este no es la excepción. En el popularmente llamado "Barrio Coca-Cola", ubicado en la Avenida
Ramón Santamarina N°949 al 1107, entre Valentín Alsina y Antonio Terrarosa (El Jagüel, Esteban Echeverría,
Buenos Aires, Argentina) se realizó la construcción y comercialización de un enorme complejo de edificios.
Empezaron en 1987 como “Plan de Ahorro” y, en el mismo predio, se desarrollaron a través de cuatro sociedades
civiles sin fines de lucro diferentes. Por varios motivos, sólo alrededor de 900 familias de las 3.600 que se
estimaban prometidas por las administraciones, recibieron sus departamentos sin contar, todavía, con las
correspondientes escrituras. Esto provocó que en 1999 estallara el conflicto. Ya que de forma individual los
vecinos y vecinas que no recibían respuestas satisfactorias de sus respectivas administraciones y, contaban
además, con cada vez más certezas de que los planes de viviendas se encontraban por fuera del marco de la ley,
las y los damnificados crearon la Comisión Vecinal para dar la lucha de manera colectiva. Aún en el 2023, a
más de 25 años de la primera reunión vecinal, el conflicto no cuenta con una solución definitiva ni una respuesta
efectiva del Estado para la totalidad de sus adherentes.
Keywords: “Coca-Cola” neighborhood - Housing - State - Social Resistance.
Abstract: The housing conflict in the “Coca-Cola” neighborhood of El Jagüel, between 1999 and 2023: State
connivance.
All social movements begin with a shared discomfort, with a problem that does not let us sleep, and this is no
exception. In the popularly called "Barrio Coca-Cola", located on Avenida Ramón Santamarina N°949 to 1107,
between Valentín Alsina and Antonio Terrarosa (El Jagüel, Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina) the
construction and marketing of a huge building complex. They began in 1987 as a “Savings Plan” and, on the
same property, were developed through four different non-profit civil societies. For various reasons, only around
900 families of the 3,600 that were estimated to have been promised by the administrations received their
apartments without, yet, having the corresponding deeds. This caused the conflict to break out in 1999. Since,
individually, the neighbors did not receive satisfactory responses from their respective administrations and, in
addition, they were increasingly certain that the housing plans were outside the framework of the law, the
victims created the Commission. Neighborhood to fight collectively. Even in 2023, more than 25 years after the
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first neighborhood meeting, the conflict does not have a definitive solution or an effective response from the
State for all of its adherents.
Palavras-chave: Bairro “Coca-Cola” - Habitação - Estado - Resistência Social.
Resumo: O conflito habitacional no bairro “Coca-Cola” de El Jagüel, entre 1999 e 2023: conivência do
Estado.
Todos os movimentos sociais começam com um desconforto partilhado, com um problema que não nos deixa
dormir, e este não é exceção. No popularmente chamado "Barrio Coca-Cola", localizado na Avenida Ramón
Santamarina N°949 a 1107, entre Valentín Alsina e Antonio Terrarosa (El Jagüel, Esteban Echeverría, Buenos
Aires, Argentina) a construção e comercialização de um enorme complexo imobiliário. Começaram em 1987
como um “Plano de Poupança” e, na mesma propriedade, foram desenvolvidos através de quatro diferentes
sociedades civis sem fins lucrativos. Por diversas razões, apenas cerca de 900 famílias das 3.600 que se estima
terem sido prometidas pelas administrações receberam os seus apartamentos sem, ainda, possuírem as escrituras
correspondentes. Isso fez com que o conflito eclodisse em 1999. Dado que, individualmente, os vizinhos não
recebiam respostas satisfatórias das respetivas administrações e, além disso, tinham cada vez mais certeza de
que os planos habitacionais estavam fora do âmbito da lei, as vítimas criaram a Comissão. Bairro para lutar
coletivamente. Mesmo em 2023, mais de 25 anos após a primeira reunião de bairro, o conflito não tem uma
solução definitiva nem uma resposta eficaz do Estado para todos os seus adeptos.
El conflicto habitacional del Barrio “Coca-Cola” de El Jagüel, entre 1999 y 2023:
La connivencia estatal
Fue un sábado a la madrugada, yo no me podía dormir
pensando en el barrio. [...] Agarré una hoja de un cuaderno de la
facultad, con un fibrón, y puse la convocatoria para que los vecinos se
acerquen, para organizarnos y defender nuestro derecho constitucional
de tener una vivienda digna. Una vivienda digna tiene que tener el
título de propiedad a nombre de esa persona que hizo el esfuerzo con
su trabajo de pagar, peso sobre peso, lo que cuesta esa vivienda. Y
así, a mano alzada, con letra imprenta muy desprolija, hice esa nota y
espere a las 9 de la mañana que abría el kiosco del barrio. [...] Hice 80
fotocopias, salí a caminar y a pegarlas en los 80 edificios que
involucran a los cuatro planes. Hay 80 edificios pero debiera haber 300.
Gustavo Padín, integrante fundador de la
Comisión Vecinal del Barrio “Coca-Cola” (2023).
Contexto político, social y económico: 1987-2023
Para poder entender el rol que ocupó el Estado en el conflicto habitacional es importante hacer un breve
repaso por el contexto político, social y económico en que se desarrolló. Durante este tiempo, se puede
comprobar una gran conexión entre el poder nacional y el bonaerense, como también entre el de los
gobernadores con los intendentes.
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Al retroceso abismal que representó el gobierno de la dictadura cívico-militar (1976-1983) en las condiciones
sociales y laborales, con un Estado devastado que dificultaba seriamente las posibilidades de un crecimiento y
redistribución sostenibles, (Viguera y Barreneche, 2014, p. 39) se sumaron durante el gobierno de Alfonsín
(1983-1989) la hiperinflación, las huelgas generales y la presión de algunos sectores de las Fuerzas Armadas.
En este contexto, se dio su salida anticipada del gobierno y, con una plataforma electoral completamente
contrapuesta al desarrollo posterior de su gobierno, Carlos Saúl Menem se consagró en las elecciones
adelantadas como el nuevo presidente (1989-1995) y fue, más tarde, reelecto (1995-1999).
El escenario de la crisis económica, explican Viguera y Barreneche (2014), favoreció a la idea de la necesidad
de tomar un nuevo rumbo en las políticas económicas, representado por el neoliberalismo que estaba en auge a
nivel mundial, beneficiando las ganancias empresariales y la especulación financiera en detrimento de la calidad
de vida de los sectores populares. Pero el modelo no fue sostenible y, a largo plazo, sólo agravó la situación.
Propuso una transformación del rol del Estado, que abandonó, descentralizó y debilitó los canales que debían
actuar colectivamente en defensa de los intereses de las mayorías. Esto se ve claramente en el conflicto del
Barrio “Coca-Cola”. Este empobrecimiento simbólico y político se cristalizó en la ruptura de lazos de
pertenencia a instituciones y organizaciones, en el deterioro de los bienes y servicios, y en el debilitamiento de
la capacidad de defender los derechos. La historia del Barrio “Coca-Cola” es uno de tantos ejemplos de
resistencia a este sistema deshumanizante.
En paralelo, el neoliberalismo y la convertibilidad provocaron niveles inéditos de desempleo y precarización
laboral, como también de pobreza e indigencia que dieron lugar al surgimiento de nuevos actores y movimientos
de protesta. En este contexto triunfó en las elecciones nacionales la Alianza (1999-2001) entre la UCR y el
FrePaSo con la fórmula De La Rúalvarez. Un nuevo agrupamiento que pretendía, discursivamente, ocupar el
espacio de “centro-izquierda” pero, contradictoriamente, no cuestionaba los fundamentos del modelo
económico existente (Rapoport, 2022, p. 872). El Estado era cada vez más deficitario, la agudización de la crisis
estaba acompañada de la escalada del descontento social, Se sumaba, además, el repudio de la opinión pública
hacia la clase política y el debilitamiento del gobierno. Es este marco en el que comenzó a gestarse el
movimiento vecinal del conflicto habitacional.
En el 2001 la situación social desbordaba con saqueos, marchas, cacerolazos y cortes de ruta que confirmaban
el clima de desobediencia civil que conformaban sectores de trabajadores, desocupados, pequeños y medianos
empresarios, empleados blicos, estudiantes y jubilados. Las autoridades nacionales y provinciales optaron
por la implementación de una estrategia represiva que, entre otras cosas, llevaron al presidente De La Rúa y al
gobernador Ruckauf a renunciar. Después de tres presidentes provisionales (Federico Ramón Puerta 2001-2001,
Adolfo Rodríguez Saá 2001-2001, Eduardo Camaño 2001-2002), Duhalde con su capital político restablecido
por el fracaso de su oposición y sostenido por su poder territorial de redes clientelares, asumla presidencia en
enero de 2002. Ferrari (2014) y Rapoport (2022) coinciden en que se intentó estabilizar la economía y el humor
social además de reconstituir la autoridad política e institucional, para luego convocar a las elecciones nacionales
que dieron inicio al mandato de Néstor Kirchner. Iniciándose así un período de recuperación de la actividad
productiva, del poder adquisitivo y el consecuente aumento del consumo, de la inversión y del comercio exterior.
Para ello, tuvo el respaldo de Duhalde y la picardía de reconstruir la autoridad presidencial. Renegoció la deuda
externa en default, redujo el desempleo y derogó la reforma laboral del 2000. Regresó el auge del
intervencionismo y le adicionó al proceso un cambio significativo: luego del rechazo generalizado a la dirigencia
política con que estallaron las protestas del 2001, el kirchnerismo logró un masivo interés y compromiso de los
y las jóvenes en la actividad política.
Entre el 2007 y el 2015, durante dos períodos presidenciales, quien encabezó los resultados de las elecciones
nacionales fue Cristina Fernández de Kirchner, con amplia trayectoria política, quién continuó con las líneas
centrales de gobierno de su marido, Néstor Kirchner. Con vaivenes en algunos períodos, la política industrial se
mantuvo estable, la política comercial incrementó la producción local y sustituyó algunas importaciones. En
paralelo se llevó a cabo una mayor expansión de la política fiscal, con el objetivo de generar nuevos programas
de política social que lograron tener un destacable éxito en relación a la inclusión social. En el plano municipal
el vencedor en las elecciones fue Fernando Gray. Un candidato del Frente para la Victoria que, según Matheu
y Cebreiro (2023) tenía el respaldo de altos funcionarios del gobierno kirchnerista, incluida Alicia Kirchner (p.
234).
Entre 2015-2019 la intendencia continuó al mando de Fernando Gray, a pesar de que el peronismo perdió la
gobernación de la provincia de Buenos Aires ante la candidata de Cambiemos, María Eugenia Vidal y la
presidencia ante uno de los fundadores del PRO, Mauricio Macri. Esta línea de gobierno, en todas sus escalas,
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propuso e implementó la vuelta al modelo neoliberal e inició un proceso de deterioro de las protecciones sociales
público-estatales, enmarcado en la embestida neoliberal que atravesaba a Latinoamérica (Melisa Campana
Alabarce, 2019, p. 210) En el 2019 distintas vertientes del peronismo volvieron a conquistar el poder nacional
a través del Frente de Todos, con la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner
al igual que en la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof. En el plano municipal, los y las echeverrianas
volvieron a elegir a Fernando Gray.
Un aspecto interesante a destacar del período democrático más reciente, radica en que, como expone Ferrari
(2014), el predominio del peronismo en el gobierno marcó la historia política bonaerense posterior a la
recuperación democrática. Gran parte de su éxito está relacionado con la capacidad de recambio de dirigentes
con proyectos y perfiles que se iban ajustando a las demandas de la población, posibilitado por la amplitud
ideológica y social del partido. Es interesante destacar ya que, adentrándonos en el desarrollo del conflicto
habitacional, podremos dilucidar que esta característica se vio reflejada, desde la gobernación y la intendencia,
en las distintas respuestas de los diferentes representantes del peronismo al conflicto a través del proceso. Sin
embargo, también es importante mencionar que, al comenzar las obras de los complejos habitacionales, como
ya repasamos, los tres niveles del Estado a los que referimos estaban al mando de la UCR. Este es un primer
indicio, entre varios, del cual, en el desarrollo posterior, me serviré para confirmar las afirmaciones de los
entrevistados. En vista de demostrar que el delito que llevó al consiguiente conflicto habitacional del Barrio
“Coca-Cola” fue posible no por la insuficiencia de organismos regulatorios, sino por la connivencia estatal,
desarrollada por dirigentes de diferentes partidos políticos que tuvieron el poder del Estado en simultáneo en
diferentes niveles. Ya que ninguno de los organismos responsables de la regulación, bajo ninguna gestión, actuó
en consecuencia, dando vía libre a que se perjudicara a miles de familias.
El surgimiento del conflicto y la respuesta vecinal
Surgimiento del conflicto
El popularmente llamado "Barrio Coca-Cola", se encuentra ubicado en la Avenida Ramón Santamarina
N°949, 1049, 1097, 1107, entre Valentín Alsina y Antonio Terrarosa, en la localidad de El Jagüel, partido de
Esteban Echeverría de la Provincia de Buenos Aires. La construcción y comercialización de lo que sería, en el
futuro, el actual complejo de edificios, empezó en 1987 a través de la modalidad de Plan de Ahorro. En el mismo
predio se encontraban en desarrollo, prácticamente de forma paralela, los planes de viviendas de cuatro
sociedades civiles: Trabajadores Autónomos Sociedad Civil I y II, DOCENLOM III Sociedad Civil (Docentes
de Lomas de Zamora), Convocatoria Docente Sociedad Civil y VITUN III Sociedad Civil (Viviendas de
trabajadores de Universidades Nacionales) que era dependiente de AMUTUN (Asociación Mutual de
Trabajadores de Universidades Nacionales).
Para poder explicar el conflicto del barrio que llevó a que, hoy en día, la gran mayoría de las viviendas no se
encuentren regularizadas e, incluso, la mayoría de las y los propietarios legítimos jamás hayan recibido su
propiedad, es indispensable contar con los testimonios de, al menos, algunos de los y las protagonistas más
relevantes. Es por esto que los y las vecinas Gustavo Padín (VITUN III), Eduardo Quartino (Autónomos),
Eduardo Bursese (Docentes), Dora Amat (VITUN III), María Williams (Docentes) y, el también ex funcionario
municipal, Marcelo Martínez (Autónomos) me brindaron solidariamente entrevistas para explicar el corazón del
conflicto.
Para comenzar, podemos afirmar que los planes atrajeron a un universo etario amplio que rondaba
principalmente en personas de entre 20 a 35 años. Entre ellos, comenta Eduardo Q., había profesionales,
funcionarios, comerciantes y trabajadores como también docentes y jubilados. Por lo tanto, la importancia que
le asignaban a su vivienda se relaciona con que no eran propiedades adquiridas para uso comercial, laboral o
especulativo sino para el uso de vivienda familiar. Todos los testimonios coinciden en que el motivo de su
elección por estos planes radicaba en la posibilidad tangible de acceder a la tenencia de una vivienda propia, lo
cual no era fácil. Esto se debía fundamentalmente a las características de los planes.
En primer lugar, eran viables económicamente. Con mucho esfuerzo, pero trabajadores y jubilados de sectores
humildes podían acceder. Por otro lado, se publicitaban en revistas de gran tirada como Viva del Diario Clarín
y aseguraban que pagabas el departamento en 126 cuotas mensuales. Podías inscribirte desde el inicio o
comprando la inscripción de un adherente previo. Había opciones de complejos en distintos puntos del
conurbano bonaerense. Para dimensionar, en el Barrio Coca-Cola, solo en VITUN III, prometían 800 viviendas.
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Además, el plan consistía en edificios de 12 departamentos, de los cuales 6 departamentos se entregaban por
sorteo y los otros 6 departamentos a través de una licitación en asambleas convocadas por los administradores
de las sociedades civiles. Sin embargo, es importante destacar que el dinero que se utilizaba para licitar no era
tomado como parte de pago de las cuotas pendientes. Como cuenta Eduardo Q., eso no estaba aclarado desde
el principio.
Respecto al atractivo de los planes, hay algunas características que muestran claramente que existió una
premeditación del delito que se llevó finalmente a cabo gracias a la connivencia de diferentes organismos y
funcionarios del Estado. Por ejemplo, una de las estrategias de cooptación se encuentra en los nombres que
generaban confusión respecto de quienes estaban a cargo, buscando brindar seguridad y confianza. Otra de las
estrategias se encuentra en el formato de personería jurídica elegido como lo es la “sociedad civil sin fines de
lucro”. Se supone, está “conformada por personas reunidas con un objeto social, el cual no debe ser contrario al
interés general ni al bien común.” Esa argumentación era sostenida por las administraciones, pero eso no fue lo
que pasó. Si bien en la teoría están reguladas y registradas en la Inspección General de Justicia de la Nación,
Gustavo explica que lo hacían a través de ese medio porque, en realidad, legalmente en Argentina tienen un
control muy laxo, muy liviano. En la misma línea, Eduardo B. explica que justamente ellos eran uno más, no
terminaban siendo responsables, no les podías ir con un juicio directamente a ellos porque eran un miembro
de la sociedad a través de la comisión que la maneja. Una tercera estrategia de cooptación y engaño la vemos
reflejada en la retroalimentación de los planes para demostrar una fingida eficiencia y sostenibilidad de los
planes previos para con los nuevos cuando en realidad, en diferentes ritmos y temporalidades, todos terminaron
con un destino similar de decepción y engaño.
Sin embargo, los vecinos comenzaban a ver indicios de malos manejos que fueron alimentados por las
administraciones. Como cuenta Gustavo, al solicitar el número de inscripción correspondiente del plan en la
Ley de Prehorizontalidad (por la cual se busca proteger al comprador de unidades futuras en un edificio a
construirse o en construcción) y en el sistema de Plan de ahorro (dependiente de la IGJ) solo encontró evasivas
como respuesta. Otra de las sospechas compartidas era la lentitud de avance de las obras y los tiempos de entrega
incumplidos. Respecto a la supuesta participación democrática de la sociedad civil varios vecinos, como
Marcelo, explican que estas personas eran casi inaccesibles, no había forma de comunicarme con ellos. Es
necesario mencionar que parte de la administración de VITUN III estuvo conformada por Juan Carlos Casella,
Ana María Kaplan, Antonio Gramajo, Ignacio Torres y Alberto Torres. En Autónomos, la administración se
centraba principalmente en Raúl Fernández, ex presidente del club Nueva Chicago y Carlos Fernández. En el
barrio Docentes se encontraba involucrada, entre otros, María Luisa Suárez. Sin embargo, este artículo no se
encuentra centrado en aquellas individualidades ni en sus represalias legales ya que la clave del conflicto, lo
que permitió que sucediera, se encuentra en el rol que desempeñó el Estado, desde todos sus niveles y
organismos.
Además, una alerta generalizada se despertó al momento de acercarse el final de los planes de cuotas ya que, se
suponía, debían estar prácticamente la totalidad de las viviendas terminadas y eso estaba lejos de ocurrir. Ante
las consultas preocupadas, las administraciones respondían que iban a tener que seguir pagando hasta que se
construya el último departamento. Por otro lado, usaban una estrategia de división y enfrentamiento entre los y
las adherentes que tenían sus departamentos y quienes no: culpaban a unos con otros de no pagar las cuotas
correspondientes, y viceversa, para generar rivalidad y correrse del foco de responsabilidad.
La Comisión Vecinal
Entre la incertidumbre y las sospechas, que cada vez se convertían más en certezas, los y las vecinas
entendieron que la única vía posible era comenzar a organizarse, a asesorarse y ponerle un freno a esta situación
que, expresa Gustavo, tenía claramente connivencia con los gobiernos municipales. El vecino expone un punto
clave que es que se está hablando de un bien que, en nuestro sistema jurídico, una vivienda tiene un valor
significante. Explica que nuestro ordenamiento jurídico protege y muy duramente la propiedad privada y mucho
más la vivienda unifamiliar. El agravamiento de la situación radica en que los bienes de estas sociedades civiles
incluían a familias que los habitaban. Por lo que el Estado, y la Justicia como parte de él, debía responder en
consonancia con la situación.
Para lograr una solución a este conflicto generalizado, si bien existieron pequeños agrupamientos de vecinos,
había que dar un primer paso conjunto entre todas las sociedades civiles del barrio. Esa iniciativa llegó con la
convocatoria del vecino de VITUN III, que luego se convirtió en la figura más visible y representante del
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conflicto, Gustavo Padín. En 1999 llamó a sus vecinos a reunirse en la plaza del barrio con el objetivo de
defender su derecho constitucional a la vivienda digna. Casi 100 vecinos de los diferentes planes asistieron y,
voluntariamente y como acción de defensa común, algunas y algunos se ofrecieron a conformar una comisión
que representase a todo el barrio en su conjunto, en la primera línea de reclamos por la defensa de la
regularización de las viviendas y la construcción de las faltantes. La Comisión Vecinal (CV) se conformó
inicialmente, entre otros, por las y los vecinos Gustavo Padín (VITUN III), Eduardo Quartino (Autónomos),
Eduardo Bursese (Docentes), Mirta Centurión (VITUN III), Walter Villar (Autónomos), Fernando Vega
(VITUN III), Marcelo Giacardi (Autónomos) y Alfredo Ordoñez (VITUN III). El objetivo era fortalecer los
reclamos individuales compartiendo información y opiniones, ideando estrategias para decidir por dónde
empezar a reclamar, darle visibilidad y potencia al problema, con el fin común de obtener respuestas y
soluciones tanto de las administraciones como de los organismos del Estado correspondientes. Sin embargo,
tenían en claro que no sabían en qué podía terminar porque se iban a meter contra el poder político, cuenta
Gustavo. En referencia a esto, Eduardo Q. comenta que estaban enfrentando a una mafia, ya que el
administrador de autónomos era el presidente del club Nueva Chicago que estaba codo a codo con gremialistas
y políticos.
La CV se reunía semanalmente en los departamentos de los mismos integrantes, de forma rotativa. Dora cuenta
que la Comisión se juntaba, y se decían cada uno lo que había trabajado (...) Se estaba capaz hasta las 4 de la
mañana. Gustavo, en la misma línea, cuenta que había noches donde nos sentíamos perdidos pero, agrega,
fuimos avanzando, a pura intuición, a pura energía, a pura discusión, a puro debate. Eduardo Q., por su parte,
explica que avanzaron con los pocos conocimientos para manejarse que tenían y el sentido común. Sin embargo,
destaca que el poder que tenían radicaba en la información de lo que estaba pasando y que lograban recabar los
vecinos. En las convocatorias de los domingos en la plaza del barrio, que quedaron fijas durante años, semana
a semana se acercaron más vecinos y vecinas para participar. La dinámica se replicaba: se informaba y se debatía
como seguir. Además, convocaban todos los meses a reuniones multitudinarias en la Sociedad de Fomento
“Gendarmería Nacional” ubicada a tan solo 3 cuadras del barrio, en las que Eduardo Q. relata que invitaban a
todos los socios que no vivieran en el barrio y estuvieran pagando las cuotas e incluso Dora comenta que se
convocaba a los demás barrios, ubicados en otras partes del conurbano bonaerense.
Es así como formaron una experiencia de resistencia social, entendido desde González, Colmenares y Ramírez
(2011). Llevaron adelante sus reclamos sin recurrir a la violencia, desarrollaron diferentes estrategias
organizativas y realizaron acciones concretas (p. 244) Además, contaron con una “convicción profundamente
democrática, un empeño por el bien colectivo y el reconocimiento de la pluralidad” (p. 251). Este tipo de
iniciativas demuestran que, desde iniciativas localizadas, pequeñas, se puede generar un cambio social hacia el
bien común. Promueven a que otras comunidades lleven adelante sus propias iniciativas, sirviendo de impulsor
para que puedan enfrentar sus realidades conscientes del poder social que contiene la sociedad civil (p. 253).
Gustavo explica que todas las presentaciones de la CV estaban avaladas con la firma de 776 familias de las casi
900 que viven en el barrio para gestionar. La CV creía en la vía colectiva y en la fuerza comunitaria porque
tenía la convicción, que sus integrantes sostienen en la actualidad, de que la solución solo iba a llegar a través
de la decisión política. En primer lugar, por la responsabilidad que les correspondía asumir respecto de las
decenas de irregularidades que, desde diferentes niveles y organismos, habían dejado avanzar. En segundo lugar,
porque habiéndose informado de la situación jurídica de las sociedades civiles que mencionamos anteriormente,
entendieron que la vía judicial sería un laberinto sin salida en el que solo perderían tiempo y recursos sin lograr
una solución simultánea y definitiva. Por lo que tomaron diferentes vías de reclamos. La desobediencia civil
surge, de este modo, transgrediendo “el paradigma de conformidad ante la figura todopoderosa del Estado” a
través de una mirada crítica ciudadana que pone en entredicho las decisiones arbitrarias o injustas. Para ello, la
Comisión Vecinal demostró entender claramente que era necesario actuar por encima de las diferencias y lejos
de personalismos con el objetivo de fortalecerse colectivamente, por un mismo objetivo.
Gustavo explica que, a pesar de que la Defensoría del Pueblo de la Nación avaló y reconoció por escrito en las
resoluciones a la CV y al objetivo que planteaba, con las herramientas que proponían para llegar a la solución,
hubo vecinos que acudieron a la vía judicial como solución individual al conflicto. Sin embargo, con el paso del
tiempo, muchos de esos vecinos fueron desistiendo al ver que la vía judicial no avanzaba en la solución
definitiva. En algún sentido, aquellos vecinos y vecinas lograron que a tres de los administradores se les
decretase la quiebra e inhabilitación para administrar cualquier cosa y destaca que eso no deja de ser
importante, pero eso no le soluciona a aquel que pagó los 10 años recuperar lo que pagó o tener su
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departamento, ni le da la escritura a quienes lo tenían. Si bien Padín reconoce que está bien que hayan sido
juzgados, desde el aspecto civil y comercial con la quiebra como también desde el aspecto penal, como
estafadores. Sin embargo, eso no solucionaba el problema de fondo.
Hay que enmarcar que el conflicto comenzó y estalló en medio de una profunda crisis nacional, con niveles de
desempleo y pobreza históricos que, como consideran algunos de los testimonios con los que coincido, colabo
en el facilitamiento de las condiciones para que se llevase a cabo el delito. Gustavo, por su parte, agrega que
tuvo mucho que ver el momento político ya que durante la década del gobierno neoliberal menemista se
desarrolló una corrupción estatal inmensa que baja desde los más altos niveles nacionales hasta los últimos
escalones municipales. Sin embargo, Eduardo Q. expresa que el pequeño triunfo de esto era la persistencia.
Coincidió que éramos unos tozudos, y que no íbamos a aflojar. Los diferentes barrios, de las diferentes
sociedades civiles, se conformaron así en uno solo: el Barrio. Transgrediendo “el determinado lugar habitado”,
como territorio, el Barrio Coca-Cola tuvo el impulso autónomo, por el cual los habitantes se juntaron por una
motivación en particular, un interés común, y no solo por una cuestión administrativa (Barela y Sabugo, 2004).
Las mujeres del barrio
En general, explica la economista Mercedes D’Alessandro, las tareas domésticas no son contabilizadas
como parte de las horas de trabajo. El tiempo que otorgamos para ir al supermercado, realizar tareas de cuidado
de los y las niñas de la familia o limpiar el hogar, por ejemplo, caen “en una especie de limbo tanto para la teoría
económica y las estadísticas como para nuestras propias ideas de qué es y qué no es el trabajo.” Además, amplía,
aunque estas labores domésticas son imprescindibles e ineludibles para que la sociedad funcione, suelen ser
menos valoradas social y económicamente, siendo percibidas como “actos de entrega y de amor” (p. 53). Por
esto, y porque considero que lo personal es político, es que este breve apartado se permite valorar, en paralelo
al enorme trabajo realizado por los y las integrantes de la Comisión Vecinal, también el enorme trabajo que
llevaron adelante las mujeres que aportaron desde sus hogares por la causa barrial.
En ese contexto de angustia e incertidumbre, durante el cual se desarrolló la lucha por la regularización de sus
viviendas, Dora Amat cuenta que, sin dudar, le brindó su total apoyo a su esposo Gustavo Padín para avanzar
en la organización del reclamo sin dejar de mencionarle un pedido: que a mis hijas no les pase nada. Sin
embargo, a pesar del miedo que le generaba, entendió que era necesario. Además, cuenta que familiarmente
hubo que apoyar bastante (…) las nenas, que eran chiquitas, y yo. Por otro lado, expresa que la situación era
difícil porque, en paralelo, ambos debían trabajar. Sin embargo comenta que, además de realizar las tareas de
cuidado de sus dos hijas y las laborales domésticas, colaboraba en el armado de folletos, era anfitriona de
reuniones de la CV, entre otras actividades, para aportar de forma directa al reclamo. Este cuadro se vio reflejado
en muchos de los hogares del barrio.
Gustavo, en consonancia, expone que para los hombres que estábamos en la Comisión, sin el apoyo de nuestras
esposas, hubiera sido imposible. También nos permite conocer algunos episodios a través de los cuales se refleja
el esfuerzo que requería la lucha vecinal en la cotidianeidad familiar, mientras se emociona. Menciona que el
apoyo de los hijos fue fundamental. Fue una lucha de todas las familias extraordinaria. Siguiendo la misma
línea, Eduardo Q. expresa que fue muy importante para él y para todos los muchachos de la CV la contención
de la familia cercana y lejana, como también la contención entre las y los vecinos del barrio: todos estábamos
apoyados unos en otros.
Algunas de las mujeres que fueron integrantes de la CV, mencionadas en los testimonios, son Mirta Centurión,
“Gladys”, “Mabel”, “Ana” y “Noemí”. Además, entre ellas también se encontró María Williams, de quien
contamos con el testimonio directo, quien comenta que empezó a formar parte de la CV luego de que se retirara
de ella su exmarido. Al contarnos su experiencia agrega que, en muchas ocasiones, tal como pasaba en las demás
familias, si no se podía coordinar de otra forma, tenía que asistir a reuniones de la Comisión Vecinal llevando
a sus hijas con ella, ya que eran pequeñas e, incluso, en ocasiones debía llevarlas a las marchas y reclamos que
realizaban. La lucha por la regularización de sus viviendas pudo sostenerse durante 12 años, como cuenta
Gustavo, porque bancaron las mujeres, siendo partícipes [como integrantes de la CV] y bancando las familias
también.
El conflicto habitacional del Barrio “Coca-Cola” de El Jagüel, entre 1999 y 2023: La connivencia estatal.
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La connivencia estatal
La evasión de los organismos estatales
Gustavo explica que AMUTUN, mutual de la cual dependía la sociedad civil sin fines de lucro VITUN
III, tuvo una intervención del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) en el año 1998.
A partir de eso, logran comprobar en la justicia que los recursos de la mutual, los administradores los
“confundían” en términos contables. Traspasaba dinero de los fondos de la mutual a los fondos de las
sociedades civiles de los planes de vivienda y viceversa, entre la mutual y los cuatro planes VITUN existentes
en el conurbano bonaerense, de los cuales solo uno es parte del barrio. Lo mismo ocurría con los cargos. Este
accionar de las mutuales, que sí tenían un organismo que los controlaba, a diferencia de las sociedades civiles,
logró que por una interna política, se pasaran factura y se denunciara. Esa denuncia fue lo que dio la
posibilidad y el origen de que dentro de las sociedades civiles (…) empezara a correr información. El desenlace
de ese proceso fue uno de los factores que hizo que comenzara el reclamo de los vecinos de VITUN III.
Una vez constituida la Comisión Vecinal y difundida la información de la situación entre los vecinos, mientras
sus administradores brindaban diversas respuestas amenazantes y/o evasivas, las y los vecinos tuvieron que
comenzar el largo camino del reclamo al Estado. Gustavo relata que comenzaron ese mismo domingo, durante
la primera convocatoria, redactando un petitorio de información al Municipio de Esteban Echeverría, que sería
acompañado el domingo siguiente por una marcha. Se realizaría desde el barrio, caminando las casi 25 cuadras
que los distancian de la municipalidad, para mostrarle al intendente que eran familias trabajadoras, que no
podían movilizarse cualquier día. Sin embargo, antes de que pueda desarrollarse lo planificado, esa misma tarde
de manera informal se acercaron al barrio el Secretario de Obras Públicas y la Directora de Ordenamiento
Territorial del municipio (cuñada del intendente) por el llamado de una vecina, para poder desestimar las
versiones que perjudicaban a la gestión del municipio, aludiendo que era un problema entre particulares, [que]
el municipio no se puede meter’, cuenta Gustavo y continúa con que aludían que ‘esto es algo privado, es entre
ustedes y la sociedad civil.’ Así, sorpresivamente, dos funcionarios municipales corrían el foco del deber que
tiene el Estado, en todos sus niveles y organismos, de regular dentro de los márgenes legales establecidos las
relaciones comerciales entre privados, dejando a la deriva a los y las vecinas. Aquella situación solo confirmaba
que el Estado tenía absoluta responsabilidad de lo que pasaba. Era una primera prueba contundente de que el
poder político estaba muy involucrado y una muestra de amedrentamiento estatal para quien estuviese dispuesto
a exponerlos.
Eduardo Q., por su parte, explica que la primera sorpresa que recibieron fue durante la primera movilización
que realizaron al municipio, al confirmar con la secretaría de Gobierno que no contaban con los permisos
correspondientes para que esos planes de vivienda se desarrollaran, con la excusa de que se había perdido’.
Entonces, ¿Cómo dejaban que continúe la obra si no tenían ni los planos de presentación y habilitación del
lugar? Contar con esa documentación y brindarla a la ciudadanía es una responsabilidad del municipio. Sin
embargo, el agravamiento y la ironía llegan de la mano de la distancia que media entre el municipio y el
complejo habitacional. Existía un complejo de más de 70 edificios habitados, además de estructuras sin habitar,
que no acataba las reglamentaciones correspondientes, a solo 2.42 km de la municipalidad, seis minutos de viaje
en automóvil como puede observarse en las dos imágenes siguientes. Cabe preguntar, ¿Las y los funcionarios
no se habían enterado? Por supuesto que sí. Tanto la construcción de este complejo habitacional como la de los
demás complejos casi idénticos que se encuentran en la provincia de Buenos Aires, se desarrollaron durante la
gobernación de Eduardo Duhalde. Este marco es un punto clave para analizar la connivencia estatal como la
característica principal del conflicto ya que, como expone Ferrari (2014) para ejemplificar el enorme poder que
manejaba el gobernador bonaerense, “Ni Menem [el presidente] podía derrotar a Duhalde [el gobernador] en su
provincia” (p. 256) Además, se enmarcaba también en una década en la que se llevó adelante el llamado
Proyecto Génesis que dividió y reorganizó parte del territorio bonaerense, como estrategia política con fines
electorales. ¿Podríamos pensar entonces que, ante funcionarios con tanto poder territorial y en una localidad
estratégicamente estudiada, semejante maniobra estuviese pasando desapercibida? Es realmente muy poco
factible.
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Municipalidad de Esteban
Echeverría - Complejo
habitacional Barrio "Coca-
Cola" (2023)
Recorrido: distancia y tiempo
de viaje. [Fotografía]. Google
Maps.
Recuperado el 21 de octubre de
2023.
Complejo habitacional Barrio "Coca-Cola" (2023) Edificios y estructuras sin terminar [Fotografía]. Google Maps.
Recuperado el 21 de octubre de 2023.
Según el municipio y la gobernación, en ese lugar se localizaba un terreno rural, un baldío. Por lo tanto, era un
terreno que no había recibido ninguna evaluación de viabilidad y seguridad de obra, con la gravedad de estar
cruzado por un arroyo. No contaban con el registro de catastro y la subdivisión porque, como mencionamos, no
El conflicto habitacional del Barrio “Coca-Cola” de El Jagüel, entre 1999 y 2023: La connivencia estatal.
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estaban inscriptos en la Ley de Prehorizontalidad N°19.724 ni en la Ley de Propiedad Horizontal N°13.512. A
través de estas reglamentaciones se busca proteger al comprador de unidades futuras en un edificio a construirse
o en construcción. Por lo tanto, tampoco se cumplía ninguna de las reglamentaciones de esas leyes que incluían
contar con el plano de mensura aprobado, el proyecto de obra, la subdivisión, el reglamento de copropiedad y
administración, entre otras. Por lo tanto, todas y cada una de las acciones que realizaban las administraciones
se encontraban enmarcadas en la completa ilegalidad.
Sin embargo, la CV logró acceder a una mensura realizada con el objetivo de realizar el electroducto en la cual
se advertía del peligro de no construir lejos del arroyo y con las características indicadas. Desde la base y el
inicio, las y los habitantes del barrio comprendieron que sería un conflicto complejo. La gravedad de eso, viene
arrastrada por la complicidad del municipio explica Eduardo Q. y lo argumenta, además, en base a que tomaron
conocimiento con el tiempo de que en toda la provincia (…) existían, al menos, (…) alrededor de 30 sociedades
civiles iguales (…) todas con la misma metodología e instaladas en terrenos rurales. Esto lo confirman todos
los demás testimonios y Gustavo, agrega, que también tomaron conocimiento de la existencia de estos planes
en La Pampa y La Rioja. En varios de ellos también coincidía la empresa constructora “Morinco S.A”, que era
presentada por las administraciones con historiales de obra ejemplares que no habían terminado de ser
construidos.
Ahora bien, podría haber quien pensase como opción que las acciones municipales no fueron malintencionadas,
sino que existía una falta de organismos regulatorios. Sin embargo, todas las fuentes indican lo contrario. ¿Era
posible que, todas y semejantes irregularidades, distribuidas en todos los aspectos del proyecto, en diferentes
funcionarios de diferentes partidos políticos, y en los diversos organismos responsables, hayan pasado
sincronizadamente desapercibidas? Por supuesto que no. Como cuentan las y los vecinos, el municipio
demostraba, en los alrededores del barrio, que las multas y suspensiones de obra estaban vigentes para quienes
no cumplían con los requisitos reglamentarios correspondientes pero no así con la obra del barrio, que no estaba
ni debidamente señalizada y contaba con trabajadores en condiciones ilegales. Esto muestra la existencia de los
organismos y reglamentaciones de control necesarios, junto con su correcto funcionamiento, a tan solo algunas
cuadras.
Coincidiendo con los testimonios, sostengo que este tipo de delitos comerciales, que desembocaron en el
conflicto habitacional, fueron posibles por la connivencia estatal ya que ninguno de los organismos responsables
de la regulación actuó en consecuencia, dando vía libre a que se perjudicara a miles de familias. El Municipio
de Esteban Echeverría, en primera instancia, por su responsabilidad territorial, debió ser quien solicite la
información correspondiente, multe y detenga las obras iniciando una investigación. Para ello, debería haber
dado conocimiento de la situación a la Inspección General de Justicia de la Nación pero eso no ocurrió. Marcelo
explica que no tenían dudas respecto de que había una complicidad entre los desarrolladores privados, que
eran varios familiares, y existió una complicidad política con el gobierno de turno de ese momento. Por este
motivo, expone no se daban respuestas a los vecinos, más allá de todo tipo de denuncias que habíamos hecho
con los integrantes de la Comisión. Además, Eduardo Q. expresa que la connivencia era tal que (…) terminamos
descubriendo que esto nacía ya desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Explica que la prueba
más fehaciente la tuvieron cuando, al acudir a la legislatura provincial y reunirse con la Comisión de Vivienda
de Senadores y de Diputados, les dijeron que no podían hacer nada. Entonces, ¿De qué se puede ocupar si no
es de un problema grave de vivienda que afecta a miles de familias (…), una Comisión de Vivienda? Este
episodio resume una tendencia que encontraron reflejada en todos los organismos a los que acudieron. Incluso,
comenta, llegaron a reunirse con Juan Pablo Cafiero, quien presidía la Cámara de Diputados de la Nación, a
quien llegaron a través de una conversación casual que mantuvieron con el vicepresidente de la Nación (1999-
2000) Carlos “Chacho” Álvarez. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta de ninguno de ellos y, mucho
menos, una solución. Había una notoria voluntad política generalizada para dilatar y ocultar, contraria a la
función del Estado como regulador y protector del bien común.
Además, otra irregularidad grave se halla en relación al sistema de plan de ahorro utilizado. Los planes de ahorro
tenían la obligación de estar inscriptos bajo las condiciones de la Ley de Ahorro Federal N°142.277 que debían
estar, por tanto, autorizados por la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ), dependiente del Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Para ello, debían presentar, entre otros requisitos, los planes y
contratos completos con los que la sociedad pretendía operar, demostrando su viabilidad y presentando balances
periódicos del proyecto. Eso no ocurrió, se transgredían todas las exigencias de la ley. Si bien, como expone
Eduardo Q., la IGJ reconoció en una resolución que los planes violaban la Ley de Ahorro Federal,
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contradictoriamente, no había intervenido para que eso deje de suceder. Por lo tanto, las y los vecinos tuvieron
que recurrir a la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que, destaca Gustavo, los ayudó muchísimo ya
que tiene como función principal hacer que las instituciones den respuesta a los ciudadanos en tiempo y forma.
Es desde esta institución que el defensor del pueblo de la nación, el Dr. Maiorano, y el reconocido jurista Luis
Moreno Ocampo, explica el vecino, avalaron la propuesta de la Comisión Vecinal para solucionar el conflicto.
Y desarrolla que la solución de los planes de vivienda tenía que llegar a través de una ley de expropiación. (...)
El camino es jurídico y la solución es político-jurídica. La ley de expropiación es una decisión política.
De esta manera, la IGJ intervino, gracias a las denuncias de los vecinos, explica Marcelo en consonancia con
Gustavo, que expone que tuvieron que recurrir a eso porque ninguno de los organismos daba una respuesta ni
solución. Ni en el municipio, ni en la gobernación. A su vez, menciona que hasta llegaron a reunirse en su
momento con la esposa de Ruckauf, el gobernador, pero nadie daba respuestas. Desde la defensoría fue que el
Dr. Mondino, mencionado de forma agradecida en los testimonios, logró que la IGJ intervenga las
administraciones impidiendo por completo las actividades de estas sociedades, porque captaban ahorro público
(…) sin ningún tipo de control ni autorización de la IGJ, explica Marcelo. Fue así que, gracias a la intervención
y cese de actividades de la administración de Convocatoria Docente y Autónomos en el 2000, pudieron acceder
a la información que las administraciones, ilegalmente, les negaban. Fue así que, cuenta Eduardo Q., se
encontraron con que era un desastre, toda la contabilidad estaba mal. Marcelo Martínez, en la misma línea,
agrega que hubo una mala administración y que luego se comprobó que hubo malversación de fondos.
Una vez iniciado el largo y tedioso camino de las denuncias, comprobaron que había relaciones entre diversos
sindicalistas, políticos y personas relacionadas al mundo del fútbol como el administrador de Autónomos, Raúl
Fernández que era el ex presidente del Club Nueva Chicago. Este último llegó a expresar en una nota televisiva
realizada por el programa Telenoche Investiga, comenta Gustavo Padín, que estos planes de vivienda fueron
diseñados en un cumpleaños del compañero Saul Ubaldini, quien fue un importante dirigente sindical de la
CGT, con el afán de ayudar a los trabajadores a que lleguen a su vivienda digna. Sin embargo, agrega, lo que
nunca explicó ninguna de las administraciones es el por qué se construyeron el 25% de lo que deberían haber
construido, estafando al 75% de los adherentes. Además, afirma que está claro que hubo una connivencia de
parte del Estado municipal y, te diría que, indudablemente del Estado provincial, de los funcionarios de aquel
momento. Por ejemplo, la investigación de ese mismo programa comprobó que Guillermo Ragazzi, quien estaba
a cargo de la fiscalización de las sociedades a través de la IGJ, se convirtió hacia 1999 en abogado defensor de
los administradores. Lo que demuestra no solo un gran nivel de connivencia y relación de altos funcionarios
con las administraciones, sino también un grave conflicto de intereses. Por otro lado, es importante destacar un
aspecto mencionado por Eduardo Quartino: no consideran que la connivencia haya sido partidaria, sino del arco
político de los funcionarios en general. Esta conclusión derivó de dos cuestiones principales.
La primera radica en que tanto la nación, la gobernación y la intendencia estuvieron en manos de diferentes
partidos. La segunda cuestión, como explica Eduardo Q., está relacionada a que la Comisión Vecinal hizo un
recorrido de organismos y funcionarios por demás extenso. En ambos casos, ningún funcionario ni organismo,
oficialista u opositor, les brindaba respuestas sino todo lo contrario: evadían la problemática. Es entonces luego
de que la Comisión Vecinal logró tomar una entidad importante, con mayor visibilidad, que pudieron hacer que
esporádicamente, gracias a los reclamos, el Estado interviniera. Si los planes hubieran cumplido con el
compromiso, explica Gustavo, este es un predio de 14 hectáreas, en este barrio debiera haber casi 300 edificios
y hay solo 80. Y continúa, sensibilizado, explicando que estamos hablando de 220 edificios por 12 familias
cada uno, es toda la gente que quedó estafada. (…) Y esto ocurrió en El Jagüel, en Ezeiza, en Almirante Brown,
en La Plata, en Burzaco… El paso del tiempo y la información, cuenta, fue lo que los llevó siempre al mismo
punto en común: fueron los poderes políticos municipales los que permitieron utilizar estos planes. Por un lado,
para mostrar que en sus distritos había construcción y barrios populares pero, por otro lado, no cumplieron el
rol de control que tendrían que haber hecho. En la misma línea, María expresa que se terminaron algunos
[edificios] y el resto quedaron las estructuras. Esas son casas de gente que pagó tantas cuotas como nosotros,
eso es terrible. (…) Una estafa terrible. Eduardo B. interviene en el mismo sentido al comentar que era todo un
modus operandi (…) acá se vio a las claras que era una estafa, que había malversación de fondos, que estaba
premeditado. Ahora bien, en relación a donde estaba el dinero de las cuotas de todos los y las propietarias
legítimas de las viviendas, María en coincidencia con todos los testimonios, explica que lo que pagaron no se
traducía en obras, (…) lo que veíamos es que la plata iba a los bolsillos de los administradores y no al barrio
que no avanzaba.
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A pesar de este cuadro de situación, la gestión de Groppi sostuvo a través de la Arquitecta Soler, Directora de
Ordenamiento Territorial del municipio, que el conflicto de los títulos de propiedad no era “un tema municipal”.
En una entrevista publicada por el Diario La Palabra, la funcionaria se explaya al especificar “solo tratamos
temas urbanísticos” mientras responsabiliza a la gestión anterior de las irregularidades, desligando la
responsabilidad del gobierno de turno. Es por esto que, como explica Gustavo, durante los primeros años desde
el municipio evitaron dar respuestas por escrito. Pero, frente a la perseverancia y fortalecimiento del movimiento
vecinal del barrio no les quedaba otra a los funcionarios que generarnos entrevistas, reuniones, hacer que
hacían, hacer que se ocupaban pero sin variar el discurso. Las administraciones, por su parte, expone Gustavo
que intentaron, a través de los años, seguir moviendo los hilos y los contactos que tenían. Es así que presentaron
un “plan alternativo” con el que buscaban hacerle creer a las vecinas y los vecinos que iban a reparar el daño
hecho, desarticulando la organización y continuando con su negocio. Sin embargo, Gustavo explica que no lo
lograron, para nada. La gente tenía muy en claro y había aprendido a través de los años con la CV quien era
quien.
Eduardo Q., por otro lado, comenta que, además de los reclamos al municipio, empezaron las averiguaciones y
reclamos en diferentes lugares, empezando por el origen de las sociedades civiles. Es así que, agrega, acudieron
al INAES que es la autoridad regulatoria de Mutuales, de las que en teoría dependían las sociedades civiles. Sin
embargo, cuenta que, tal como sospechaban, Autónomos no figuraba registrada y autorizada. En relación a esto,
hace una aclaración que considero interesante para dimensionar el tedioso camino que debió recorrer la CV y
quienes la acompañaron. Radica en que, en los primeros años del 2000, con una tecnología y acceso a los
documentos públicos totalmente diferente a la actualidad, acceder a esa información era algo casi inalcanzable,
había que moverse.
Sin embargo, pasados los años, a pesar de la intervención, Marcelo cuenta que, el 30 de julio del 2005, en
Autónomos se llevó a cabo una asamblea extraordinaria en la cual, a través de una modificación ilegal del
estatuto, no autorizada por la IGJ, se dispuso pasar de las 120 cuotas del plan original a 190 cuotas. Tanto yo
como otros vecinos nos opusimos a eso manifiestamente en la asamblea, comenta el vecino. Sin embargo, la
iniciativa siguió su curso y al vecino, como a tantos otros que se negaron, las administradoras Eulalia Rosa
Sabadini y Sussy Raquel Arce los hicieron sufrir una persecución legal. Administradoras que, casualmente,
cuentan con el mismo domicilio legal que los administradores originarios.
En lo que refiere al plan de viviendas Docentes, María Williams, decepcionada, explica que creyeron que la
intervención judicial sería beneficiosa y ayudaría a encauzar el conflicto hasta llegar a la solución definitiva.
Sin embargo, la intervención judicial está desde ese momento. Si bien reemplazó a la administración original,
eso no se tradujo en ninguna mejoría para el barrio. Dice Eduardo Quartino en relación a esto, lamentablemente
vimos lo que podía hacer la política mal manejada, porque la política bien hecha sirve. Pero no cuando hay
complicidad para un gran fraude.
Represalias para quienes luchan
Mientras los vecinos y las vecinas del barrio hacían todo lo que estaba a su alcance por encontrar una
solución tanto para quienes tenían sus departamentos como para quienes no, los administradores que provocaron
el conflicto usaban su tiempo en amedrentarlos. Gustavo Padín expone que tanto él como algunos otros
integrantes de la CV, a partir de la organización y movilización del caso, empezaron a recibir aprietes y
amenazas, que fueron denunciadas en la justicia. Dora, por su parte, explica que estaban dirigidas a que
aflojaran, a que se dejaran de molestar. Explica que llegaban a través de llamadas telefónicas o por
intermediarios con algunos mensajitos (…) que te hacían llegar. Eduardo Q., por su parte, cuenta que le rayaron
un auto nuevo con una piedra y que difamaron con mentiras su profesionalismo como mecánico dental, con
panfletos por todo el barrio. Además, lo mismo hicieron en el domicilio de su padre, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde el testigo del hecho describió a una persona que sería el propio Raúl Fernández,
administrador responsable del plan de viviendas Autónomos. Sin embargo, explica que en él no lograron
infundir miedo sino que produjo el efecto contrario ya que peleaba por algo muy valorado y muy importante.
En la misma línea, el vecino expone que desde el inicio, cuando solo los vecinos y vecinas de Autónomos se
reunían para conversar sus sospechas y dudas, aparecía sorpresivamente merodeando la camioneta de la
administración de los Fernández o su propio auto particular con la intención de intimidar. Estaban siempre
dando vueltas de forma amenazante. Bien maniobra de mafia. Otra de las estrategias que usaban, además, era
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deslegitimar a la CV difamando a sus integrantes. Les decían a sus vecinos y vecinas ‘estos son unos vivos que
les van a ‘cagar’ la casa y no quieren pagar más’. Sembraban miedo para anular la reacción vecinal. Buscaban
desarticular el entorno porque con el núcleo de la primera línea de la Comisión no estaban pudiendo lograrlo.
En contraposición, en una entrevista brindada al Diario La Razón, casi en forma de ruego, Gustavo buscaba
despejar la confusión y lograr una mayor convocatoria al expresar, “le pedimos a la gente que no tenga miedo,
ya que de todos depende la vivienda de unas 1200 familias y de otras 1800 que aún no habitaron los
departamentos (...) Somos sólo vecinos, sin ningún interés partidario. No tengan miedo” (1999).
El Estado, por su parte, en lugar de colaborar y subsanar el daño hecho trataba de descentralizar y diluir la
organización vecinal. Una de las maniobras consistía en apuntar contra la organización colectiva buscando aislar
personalismos: ofreciendo lugares en listas electorales, compras sospechosas de departamentos de integrantes
de la CV con precios fuera de mercado, ofrecimiento de puestos de trabajo municipales, entre otras. Por otro
lado, desde la vía judicial que lleva adelante la intervención en Docentes aún en la actualidad, María Williams
expresa que se extorsiona a las y los vecinos con no resolverles ningún inconveniente ni reclamo si no abonan
los gastos administrativos de la intervención, por los cuales no recibían ningún servicio ni solución. Como si la
justicia que sostiene la intervención no fuese parte del Estado responsable de la actualidad del barrio, y como si
no tuviese la responsabilidad y obligación de dar respuestas satisfactorias.
La búsqueda de visibilidad
Las vecinas y vecinos del Barrio “Coca-Cola” entendieron rápidamente, una vez organizados y
autoconvocados, que necesitaban darle visibilidad a su reclamo para ser escuchados. Es así que utilizaron
diferentes estrategias. Padín explica que el objetivo principal era publicitar la problemática para tener, por un
lado, más llegada a más damnificados y, por otro lado, sentirnos más protegidos de hacer público todo lo que
nos estaba ocurriendo. Dora, en coincidencia con los demás testimonios, cuenta que hacían marchas, folletos y
llamaban a los canales de televisión para poder dar a conocer la problemática. Eduardo B. agrega que las
manifestaciones llegaron no solo al municipio sino también al Congreso [de la Nación] y a la Inspección
General de Justicia, a la que creemos total y enteramente partícipe de la falta de control. También realizaron,
explica, exposiciones en radios, diarios y revistas. Y, si bien no siempre estaban conformes con cómo quedaban
las notas finales, lo importante era el objetivo: la difusión, la prevención y la protección. En consecuencia,
muchas personas damnificadas empezaron a sumarse a las convocatorias.
Hacia la resolución del conflicto
¿Qué mueve a la voluntad política?
El intendente Groppi fue vencido por Fernando Gray en las elecciones del año 2007. A partir de ese
momento, explica Padín, tuvieron que iniciar todas las denuncias y tratativas municipales desde cero, porque
los nuevos funcionarios argumentaban no haber recibido nada de la gestión anterior. Por lo tanto, en el año
2008, la CV a través de una solicitada notifinuevamente al municipio del recorrido histórico del barrio,
solicitando que avance hacia una solución y acercando su propuesta. Desde la intendencia, si bien en esa primera
gestión hubo, muy lentamente, avances pequeños, fue luego de la victoria en su reelección y durante el segundo
gobierno del intendente que se avanzó con mayor fuerza hacia la solución.
La propuesta que la CV acercaba en esa solicitada es la ya mencionada expropiación por la cual el Estado realiza
una compra por la fuerza, es decir, cuando hay cuestiones de orden público [como la vivienda unifamiliar] que
lo permiten, a cambio de un precio justo. (...) El Estado lo tiene que solucionar (...) comprándole forzosamente
a las sociedades civiles los predios y tomando el control. Además, agrega que era una acción justificada a través
del descuido de los predios por parte de los administradores y por el incumplimiento de las normativas legales
que pusieron en riesgo la vida en comunidad. Sin embargo, fue a través de una resolución administrativa del
2010, con unanimidad del Consejo Deliberante, que el municipio decretó la prescripción adquisitiva
administrativa para todo el Barrio Coca-Cola, incluyendo todos los complejos habitacionales. Por lo tanto, a
partir de ese momento, explica Marcelo, se comenzó a avanzar con las cuestiones técnicas y legales necesarias
para la regularización de las viviendas. El municipio optó por una vía similar, con una característica favorable:
la Ley de Prescripción Administrativa que le da al Estado la posibilidad de apropiarse, basándose en el
abandono de la cosa. (...) Se presenta ante los organismos correspondientes y toma la titularidad del predio. A
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partir de ahí (...) realiza todas las cuestiones técnicas y legales para poder otorgar la escritura a los tenedores
originarios legítimos de cada departamento, explica el vecino Gustavo Padín. Además, agrega también que
aquella gestión le permite al municipio dar uso de los terrenos libres y realizar un aporte económico razonable
a aquellas familias que debieran haber tenido sus viviendas en esos terrenos.
La mencionada Ley de Prescripción Administrativa N° 21.477, modificada por la Ley N°24.320, como explica
el cuadernillo divulgado por la Secretaría de integración Socio Urbana (2022) es una herramienta de gestión del
suelo que permite la adquisición originaria de la propiedad en favor de las Provincias y Municipios basada en
el artículo 4015 del Código Civil y Comercial de la Nación con la importante diferencia de que se realiza por
vía administrativa, sin intervención de la vía judicial, favoreciendo la reducción de tiempos y costos. Desde una
perspectiva de Derechos Humanos y Constitucionales, debe enmarcarse la utilización de esta herramienta por
parte del municipio desde el reconocimiento al derecho de la vivienda digna incluyendo, en particular, la
seguridad jurídica de la tenencia. Por otro lado, además, desde la comprensión de la función social de la
propiedad que debe ser regulado legalmente. Ambos argumentos fueron sostenidos por la CV desde el inicio
del conflicto, al igual que la necesidad del carácter colectivo del proceso junto con su gratuidad.
Después del recorrido que nos trajo hasta acá puedo afirmar, al igual que la CV, que el factor principal que
incidió para que el Estado comience a brindar una respuesta efectiva a las vecinas y vecinos perjudicados, fue
la masiva movilización vecinal junto con el aditivo de la visibilización mediática del caso. Tal como afirman
los testimonios, la solución dependía y depende meramente de la voluntad política. Gustavo expone, en este
sentido, que pretender vivir en sociedad, en democracia, sin comprometer parte de nuestro tiempo a exigir que
esos funcionarios funcionen, es un error de los ciudadanos. Una falla de los funcionarios y un error de los
ciudadanos. Es el Estado que dio vía libre al desarrollo de estos proyectos, el responsable de encontrar los
caminos hacia la solución. En este sentido considero que, por un lado, Gray optó por formar parte del proyecto
del gobierno kirchnerista que buscaba recuperar la actitud práctica, concreta y directa del peronismo
mencionada por Ferrari (2014, p. 269) Sin embargo, por otro lado, considero que el intendente supo leer al
movimiento generado por las y los vecinos del barrio, encabezado por la CV. Supo así comprender el poder que
podían engendrar, por lo que optó por brindar soluciones parciales que mantuvieran al barrio sereno, con
esperanza, a la espera de una pronta solución definitiva en contraposición a Groppi, que los fortaleció y sostuvo
movilizados en el tiempo gracias a su subestimación, a la falta respuestas y a la negación del problema.
La actualidad del barrio
Los testimonios de los y las vecinas Gustavo Padín (VITUN III), Eduardo Quartino (Autónomos),
Eduardo Bursese (Docentes), Dora Amat (VITUN III), María Williams (Docentes) y, del también ex funcionario
municipal, Marcelo Martínez (Autónomos) fueron recabados en entrevistas realizadas en el transcurso de
septiembre del 2023. Todos coinciden en que la solución definitiva al conflicto aún no ha llegado y que, a pesar
de que sus características hayan cambiado, el conflicto habitacional sigue vivo en la actualidad. La lucha de la
Comisión Vecinal, explica Gustavo, siempre estuvo enfocada en poder lograr poner en igualdad jurídica a todos
los planes de viviendas del complejo. Sin embargo, a pesar de las más de dos décadas de lucha sostenida,
Eduardo Q. explica que no es casualidad que a las sociedades que peleamos juntas, nos pusieron en situaciones
judiciales distintas. Esta sería una maniobra para descentralizar los reclamos.
El plan de viviendas VITUN III se encuentra en la actualidad en una situación favorable, con el proceso de
escrituración avanzado. Quienes jamás recibieron sus viviendas habiendo abonado sus cuotas, tendrán el aval
jurídico de que las tierras son propiedad del municipio, quien deberá darles respuesta respecto de cómo
subsanará su situación. En cuanto a los planes que componen “Docentes”, DOCENLOM III (Docentes de Lomas
de Zamora) y Convocatoria Docente, se encuentran aún intervenidos judicialmente. El interventor nombrado
por la justicia actúa como un administrador de consorcios deficiente, pero no avanza en la resolución. Esa
intervención, explican los y las vecinas, les cobra expensas muy caras que no se condicen con el servicio recibido
pero, de no abonarlas, les generan deudas con intereses y persecuciones por parte de un poder del mismo Estado
que generó el conflicto. Por este motivo, Williams interpreta que pasó de ser una estafa privada a una estafa
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estatal, porque la justicia la administra. En referencia a Autónomos I y II, Eduardo Q. expresa que no está ni
en vistas que nos la den [la escritura]. Gustavo desarrolla, en coincidencia con Marcelo, que ambos planes se
encuentran bajo administraciones de personas que, no casualmente, habían trabajado junto con Raúl Fernández,
el administrador originario. Por esta iniciativa, las y los tenedores legítimos se ven obligados a abonar 60 cuotas
adicionales a las originales, que fueron aprobadas, como explicó Marcelo Martinez, en una asamblea ilegal. Esta
diferenciación actual de los estados jurídicos de los barrios, según Padín, está directamente relacionada a la
disolución de la Comisión Vecinal y la falta de organización de los y las vecinas, para exigir la finalización de
la intervención judicial de Docentes como también la intervención de la administración de Autónomos para
avanzar hacia la resolución del conflicto que aqueja a cientos de familias.
Ahora bien, es ese mismo Estado que lleva adelante el avance de la regularización del barrio VITUN III, el
mismo municipio que reconoce las irregularidades de la situación, la responsabilidad que le cabe al Estado y la
situación vulnerable de todas aquellas familias el que, también, continúa desamparando a las y los vecinos de
Docentes, frente a la intervención judicial, y de Autónomos, frente a la administración. Actitud contradictoria
por parte del Intendente Fernando Gray, quien expresa que es “sumamente importante” la entrega de las
escrituras definitivas de “este barrio tan importante del distrito” en un video de la cuenta oficial de Instagram
del Municipio de Esteban Echeverria. Contradictorio es, también, que considerándolo un barrio tan importante
como lo es para el distrito, evite mencionar la histórica lucha vecinal que desembocó en la paulatina
regularización del barrio. Con esta actitud se materializa lo expresado por Gustavo Padín en relación a que, si
bien la gestión municipal de Fernando Gray tuvo la voluntad política para avanzar hacia la solución de algunos
sectores del barrio, lo hizo intentando correr del mérito a los y las vecinas que dedicaron décadas de sus vidas
en la defensa de sus viviendas para reducirlo meramente a una gestión burocrática: una gran oportunidad para
diferenciarse política y simbólicamente que optó por perderse el intendente. El municipio no desconoce la
historia del Barrio “Coca-Cola” y mucho menos la de sus vecinos y vecinas, pero elige omitirla. Es por ello que
estoy convencida que es sumamente necesario romper con la historia oficial llevando adelante la realización de
investigaciones históricas que tomen a las y los sujetos de acción cotidianos como protagonistas. Para que la
resistencia social se contagie y expanda como un método de lucha política, que parta de considerar que los
gobiernos se deben a los ciudadanos y dependen de la colaboración, obediencia y legitimidad de ellos.
Conclusiones: la salida es colectiva
En primer lugar, podemos afirmar que el contexto económico, social y político nacional y provincial
favoreció las condiciones para germinar y sostener el delito que se transformó en el conflicto del barrio. Las
principales irregularidades en los proyectos radicaban en que no se encontraban inscriptos ni autorizados en el
marco de la Ley de Prehorizontalidad, la Ley de Ahorro Federal, ni en las regulaciones municipales y
provinciales correspondientes. Por lo tanto, fueron principalmente la Municipalidad de Esteban Echeverría, la
Inspección General de Justicia de la Nación y la gobernación de la provincia de Buenos Aires quienes hicieron
que la seguridad jurídica para todas aquellas familias fuese nula: estaban desamparados. Además, contaron con
la colaboración de funcionarios y funcionarias de áreas como el Concejo Deliberante, las Comisiones de
Vivienda, diputados/as y senadores/as de las cámaras provinciales y nacionales, que también optaron por,
mínimamente, hacerse a un lado del conflicto. Un lugar no menor está reservado a la justicia, quien al intervenir
los barrios no solo no les resolvió ningún inconveniente a los vecinos y vecinas sino que transformó una
herramienta de amparo en una herramienta de lucro para sus funcionarios.
Sin embargo, frente al individualismo, la Comisión Vecinal surgió como una de las tantas organizaciones que
eligieron como valor principal la solidaridad y el bien común. La riqueza de la historia oral no se encuentra
únicamente en la información de los acontecimientos que podríamos conocer solo a través de sus protagonistas,
sino también y fundamentalmente, con la subjetividad de esos testimonios. La historia debe escribirse, también,
con lo que las personas vivimos y sentimos, lo cual es único e irrepetible. Compartiendo sus reflexiones del
conflicto, todos los relatos coinciden en un aspecto fundamental: nadie se arrepiente de haber formado parte de
la lucha de vecinos y vecinas por la regularización y defensa de sus viviendas. A pesar de haber significado un
esfuerzo enorme, de haberla pasado mal, de la bronca y angustia, de la incertidumbre, de haber resignado
objetivos personales y de no tener todavía soluciones definitivas, todos los testimonios priorizan un balance
fundamentalmente positivo. Destacan que sin la movilización y los reclamos vecinales no hubiesen obtenido
ninguna respuesta y, mucho menos, avances ni soluciones. Mencionan con orgullo y emoción a sus compañeras
El conflicto habitacional del Barrio “Coca-Cola” de El Jagüel, entre 1999 y 2023: La connivencia estatal.
Rocío M. Padín. [27 -52]
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y compañeros de lucha sin los que hubiesen sido imposibles los logros, como también los aprendizajes del
camino recorrido. Se valoran los logros, como explica Eduardo B., no menores: terminamos destapando una
olla muy importante de estafa, que previno a mucha otra gente (...) y que hoy está en camino a una solución.
Una reflexión interesante es expuesta por la vecina Maria Williams. Responsabiliza de la quietud del
movimiento vecinal en la actualidad, en gran parte, al individualismo predominante expresando que en la
sociedad ya no hay tanta comunidad. Hay mucho ‘sálvese quien pueda’ (...) se desinfló la sociedad, no nuestro
barrio. Con una mirada esperanzadora, Gustavo expone que cuando esté regularizado, estos barrios van a
florecer estética y comunitariamente. Emocionado, agrega, ojalá tenga vida para verlo (...) y que esto sirva de
ejemplo para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra comunidad. Que entendamos que cuanto más trabajemos
en equipo, en comunidad, mejor vamos a ser como sociedad y mejor vamos a vivir.
A los vecinos y vecinas del Barrio “Coca-Cola” les queda un largo camino por delante, pero mucho más corto
que el que queda por detrás. Para recorrerlo, será necesario comprender que sin memoria no es posible una
nueva historia (Higuera, Vargas y Sánchez Vargas, 2011, p. 254).
Bibliografía
-Alabarce, M. C., (2019) ¿Pobreza Cero? El deterioro del sistema público estatal de protecciones sociales en la
Argentina de Cambiemos en Lucca, J. B. e Iglesias, E. (Comp.), La Argentina de Cambiemos. Rosario: UNR
Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario.
-Barela, L. y Sabugo, M. (Direc.), Guérin, M; Giunta, R.; Iglesia, R.; Molinos, R.; (2004) El libro del Barrio:
Teorías y definiciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
-D’Alessandro, M. (2016) Economía feminista. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Sudamericana.
-Ferrari, M. (2014) Entre historia y memoria: la política bonaerense desde la reconstrucción democrática en
Barreneche, O. (Dir.), Historia de la Provincia de Buenos Aires: del primer peronismo a la crisis de 2001.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Edhasa, Gonnet: UNIPE: Editorial universitaria.
-Genoud, D. (2021) El peronismo de Cristina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
-González Higuera, S., Colmenares Vargas, J. C. y Ramírez Sánchez Vargas, V., (2011) “La resistencia social:
una resistencia para la paz” en Hallazgos, Vol. 8 (N°15), p. 237-254. Bogotá: Universidad Santo Tomás.
-Kulfas, M. (2016) Los tres kirchnerismos: Una historia de la economía argentina, 2003-2015. Buenos Aires:
Siglo Veintiuno Editores.
-Lucca, J. B. e Iglesias, E. (2019) Introducción en Lucca, J. B. e Iglesias, E. (Comp.), La Argentina de
Cambiemos. Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario.
-Matheu, L. y Cebreiro, S. (2023) Crónicas de un siglo: 110 años de historia echeverriana en Colección Nuestra
Historia. Buenos Aires: Municipio de Esteban Echeverría.
-Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Integración Socio Urbana (2022) La prescripción administrativa
como herramienta para la regularización dominial: una guía para su aplicación por los municipios.
-Novaro, M. (2010) Historia de la Argentina, 1955-2010. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
-Panella, C. (2014) Política bonaerense y gestiones gubernativas, 1943-2001 en Barreneche, O. (Dir.), Historia
de la Provincia de Buenos Aires: del primer peronismo a la crisis de 2001. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Edhasa, Gonnet: UNIPE: Editorial universitaria.
-Piva, A. (2012) Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista. Buenos Aires: Biblos.
-Rapoport, M. (2022) Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Crítica.
-Torré, A. (2003) Introducción al Derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
-Valobra, A. (2014) Participación política, sufragio y representación de las mujeres en la provincia de Buenos
Aires en Barreneche, O. (Dir.), Historia de la Provincia de Buenos Aires: del primer peronismo a la crisis de
2001. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Edhasa, Gonnet: UNIPE: Editorial universitaria.
-Viguera, A. y Barreneche, O. (2014) Ensayo introductorio. Buenos Aires en el contexto nacional, 1943-2001
en Barreneche, O. (Dir.), Historia de la Provincia de Buenos Aires: del primer peronismo a la crisis de 2001.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Edhasa, Gonnet: UNIPE: Editorial universitaria.
Voces Recobradas. Revista de Historia Oral/44 (12/2024)
ISSN 1515 - 1573 | RNPI 5229484
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Entrevistas
- Amat, D., 54 años, trabajadora, emprendedora y vecina, realizada por Rocio Padin, en El Jagüel, 26 de
agosto de 2023.
- Bursese, E., mayor de 50 años, ingeniero, docente y vecino integrante de la Comisión Vecinal línea
fundadora, realizada telefónicamente por Rocio Padin, 2 de septiembre de 2023.
- Martínez, M., mayor de 50 años, abogado, ex funcionario municipal y vecino integrante de la Comisión
Vecinal, realizada telefónicamente por Rocio Padin, 30 de agosto de 2023.
- Padin, G., 53 os, trabajador y vecino integrante de la Comisión Vecinal línea fundadora, realizada
por Rocio Padin, en El Jagüel, 27 de agosto de 2023.
- Quartino, E., mayor de 50 años, Mecánico Dental, trabajador y vecino integrante de la Comisión Vecinal
línea fundadora, realizada por Rocio Padin, en El Jagüel, 6 de septiembre de 2023.
- Williams, M., mayor de 50 años, docente y vecina integrante de la Comisión Vecinal, realizada
telefónicamente por Rocio Padin, 9 de septiembre de 2023.
Documentos
- DOCUMENTO N°1: Copia del folleto publicitario original del plan de viviendas VITUN III (c. 1988).
-DOCUMENTO N°2: Copia del folleto publicitario original del plan de viviendas Autónomos (c. 1988).
-DOCUMENTO N°3: Copia del cartel original que convocaba a la primera reunión de vecinos (1999).
-DOCUMENTO N°4: Copia de la solicitada vecinal ante la nueva gestión municipal (24-07-2008).
-DOCUMENTO N°5: Copia del informe del Subsecretario de Tierras de la Municipalidad de Esteban
Echeverría, Dr. Gustavo Cañete para Convocatoria Docente sobre Medida Cautelar (07-05-2010).
-DOCUMENTO N°6: Copia de la carta del intendente, Fernando Gray, a los vecinos del Barrio "Coca-Cola"
(21-03-2009).
-DOCUMENTO N°7: Copia de la mensura y división para electroducto (1996).
-DOCUMENTO N°8: Copia de la Resolución IGJ N° 001353 (30-11-2000).
-DOCUMENTO N°9: Copia de la Resolución IGJ N°0000195 (26-02-2002).
-DOCUMENTO N°10: Copia de la Resolución IGJ N° 001367 (05-12-2000).
-DOCUMENTO N°11: Copia de la Resolución IGJ N° 00741 (29-07-1998).
-DOCUMENTO N°12: Copia de Cédula de Intimidación por deuda en etapa judicial a Raúl Fernández (05-03-
2008).
-DOCUMENTO N°13: Copia escrita del resumen de la investigación "Dueños de nada" del programa televisivo
Telenoche Investiga (28-09-2000).
-DOCUMENTO N°14: Copia del reclamo vecinal ante la falta de respuestas de la IGJ (09-11-2000).
-DOCUMENTO N°15: Copia del Diario La Palabra Año VI150 1° Edición. (09-1999).
-DOCUMENTO N°16: Copia del folleto de convocatoria a la grabación del programa televisivo Telenoche
Investiga (09-2000)
-DOCUMENTO 17: Copia del modelo de documento con firmas que avalaba el accionar de la Comisión
Vecinal (14-05-2000).
-DOCUMENTO N°18: Copia de fragmento del Diario La Razón (14-09-1999).
-DOCUMENTO N°19: Copia de fragmento del Diario La Razón (21-09-1999).
-DOCUMENTO N°20: Copia de fragmento del Diario La Unión (24-08-1999).
-DOCUMENTO N°21: Copia de fragmento del Diario La Voz del Pueblo, Año 57, N°19.881 (22-03-2001).
-DOCUMENTO N°22: Copia de fragmento del Diario La Voz del Pueblo, Año 57, N°19.881 (22-03-2001).
El conflicto habitacional del Barrio “Coca-Cola” de El Jagüel, entre 1999 y 2023: La connivencia estatal.
Rocío M. Padín. [27 -52]
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-DOCUMENTO N°23: Copia de la transcripción de la reunión de la Comisión Vecinal con el Consejo
Deliberante de Esteban Echeverría (16-02-2000).
-DOCUMENTO N°24: Copia de uno de los folletos de difusión creados por la Comisión Vecinal.
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Fecha de recepción: 14 de octubre.
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